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Jurisprudencia: El SAT no puede pedir documentación de terceros que no están siendo revisados.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha generado controversia recientemente al requerir a un contribuyente información adicional durante un procedimiento de revisión de gabinete. A través de una orden por escrito, el SAT solicitó al contribuyente que proporcionara detalles específicos, como el nombre y Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del propietario del inmueble donde se encuentra su domicilio fiscal, así como información sobre las personas que le brindan servicios de contabilidad y/o asesoría fiscal. Sin embargo, el contribuyente ha presentado un juicio de amparo indirecto argumentando que esta solicitud excede los límites de la documentación requerida para la revisión. En este artículo, exploraremos el alcance y las implicaciones de esta medida del SAT, así como los argumentos presentados por el contribuyente en busca de una mayor transparencia y protección de sus derechos fiscales, lo cual se encuentra recogido dentro de una jurisprudencia, la cual citaremos a continuación.


El título de la jurisprudencia, es el siguiente: REVISIÓN DE GABINETE O VISITA DOMICILIARIA. LA FACULTAD DE LAS AUTORIDADES FISCALES PARA SOLICITAR AL CONTRIBUYENTE DOCUMENTOS CONTABLES, INFORMES Y DEMÁS PAPELES QUE TENGAN INJERENCIA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y PARA REVISAR SUS BIENES Y MERCANCÍAS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIONES II Y III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO PUEDE EXTENDERSE A LOS DATOS PERSONALES DE TERCEROS QUE NO ESTÁN SIENDO REVISADOS.


El contenido es el siguiente.

Hechos: En un procedimiento de revisión de gabinete, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mediante una orden por escrito requirió a un contribuyente que informara el nombre y Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del propietario del inmueble en que se ubica su domicilio fiscal, así como el nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de la(s) persona(s) que le presta(n) servicio(s) de contabilidad y/o asesoría fiscal; inconforme, aquél promovió juicio de amparo indirecto al estimar que dicha información no está relacionada con la documentación que está obligado a proporcionar para dicha revisión.


Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la facultad de la autoridad fiscalizadora en ejercicio de la revisión de gabinete o de la visita domiciliaria en términos del artículo 42, fracciones II y III, del Código Fiscal de la Federación, para solicitar al contribuyente la contabilidad, documentos, informes y demás papeles que tengan injerencia con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, y revisar sus bienes y mercancías, no puede extenderse a los datos personales de terceros que no están siendo revisados.


Justificación: Lo anterior, porque el referido precepto no prevé expresamente la facultad de la autoridad fiscal para requerir el nombre y Registro Federal de Contribuyentes del propietario del inmueble en que se ubica el domicilio fiscal del sujeto revisado, ni el nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas que le prestan servicios de administración y contabilidad, ni el correo electrónico y número de teléfono fijo o móvil del representante legal de la persona moral; además, no puede considerarse que el requerimiento de esos datos personales esté implícitamente contenido en el de los documentos contables, informes y demás papeles que tengan injerencia con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, porque tratándose de los actos de molestia referidos la autoridad sólo puede ejercer las facultades que expresamente señale la ley; de lo contrario abriría la puerta para que si el visitado no cumple con proporcionar esos datos requeridos, se estimara que incurrió en las infracciones previstas en el artículo 85, fracción I, por lo que se le impondrían las sanciones contenidas en el artículo 86, fracción I, ambos del Código Fiscal de la Federación, lo cual no resulta jurídicamente aceptable, pues lo dejaría en estado de indefensión, ya que tendría que cumplir con obligaciones que no conoce al no haberlas establecido el legislador.


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