En este artículo les compartimos una importante tesis emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, relacionada con las multas que el SAT puede llegar a imponer por incumplimiento a las disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley vs lavado de Dinero). Se establece que la ley dispone que para la procedencia de una sanción, las autoridades administrativas deberán notificar previamente al infractor del inicio del procedimiento específico, para que éste, dentro de los quince días siguientes, exponga Io que a su derecho convenga y, en su caso aporte las pruebas con las que cuente. Sólo de esa forma se puede cumplir con la garantía de audiencia establecida dentro del artículo 16 Constitucional.
La tesis en cuestión, es la siguiente:
MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, PARA SU IMPOSICIÓN SE REQUIERE AGOTAR EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. R.T.F.J.A. Novena Época. Año I. No. 10. Octubre 2022. p. 334
El artículo 35 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dispone expresamente que, el desarrollo de las visitas de verificación, así como, la imposición de las sanciones administrativas establecidas en esa ley, se sujetarán a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Por su parte, el artículo 72 de la Ley adjetiva en comento, dispone que para imponer una sanción, las autoridades administrativas deberán notificar previamente al infractor del inicio del procedimiento, para que este dentro de los quince días siguientes, exponga Io que a su derecho convenga y, en su caso aporte las pruebas con las que cuente.
En esos términos, el artículo 72 en cita, no prevé una potestad discrecional, sino que impone una obligación a las autoridades; de ahí que, el inicio y substanciación del procedimiento sancionador constituye un requisito indispensable para la imposición de cualquier sanción pecuniaria prevista en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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